El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le ha dado un sesgo interesante a la industria televisiva en México, tras la reforma al sector generada en la actual administración de Enrique Peña Nieto.
Por lo pronto, en sesión llevada a cabo la semana pasada, el IFT acordó solicitar al grupo Televisa y sus filiales, presentar en plazo de 15 días, “una propuesta acorde a los lineamientos aprobados para agentes económicos preponderantes en el sector de radiodifusión, concerniente a la infraestructura que deberá compartir con otros operadores televisivos”.
Imagino a los asesores del consorcio buscando en el diccionario la definición del verbo “compartir”. Debe ser tan complicado introducirlo en el lenguaje de Televisa como el silencio en la vida cotidiana de un merolico callejero. Televisa se ha hecho inmenso porque ha logrado arrebatar lo que ha podido arrebatar. Siempre en convivencia estrecha con el gobierno.
Sin embargo, el pasado 6 de marzo el IFT determinó que “los preponderantes en radiodifusión y telefonía”; es decir, quienes dominan más del 50 por ciento de sus mercados (caso Televisa y Telmex), deberían cumplir con una serie de medidas, entre éstas, otorgar su infraestructura “poniéndola a disposición de terceros en forma no discriminatoria, y no exclusiva”.
En otras palabras: apoyar a la chiquillada, a la broza, a la basura, a los jipis a crecer, expandirse, dar noticias, hacer programas, trabajar por la comunidad, la cultura, el beneficio social. Los “terceros” volverlos “segundos”, con la amenaza de que en alguna parte de su programación puedan llegar a ser “primeros”. Dirán que la “preponderancia” les ha costado. En efecto, a Televisa le ha costado mucho. Pero, en el camino, ha dejado un país más o menos devastado, aniquilado por el comercio, entregado a endiosar las telenovelas y a vivir del espectáculo.
Que ha logrado productos comunicativos que la ponen a la par de las grandes del mundo, ni duda cabe. Pero hoy, la televisora más grande del país y 35 de sus filiales, no cumplen los lineamientos de la Oferta Pública de Infraestructura (OPI). El IFT consideró en sesión extraordinaria del 21 de agosto pasado que la información recibida “no contempla todos los elementos a incluir”, ante lo cual se les requirió que, en un plazo de 15 días naturales después de ser notificadas, presenten a consideración del instituto una propuesta “que atienda los requisitos establecidos en las medidas en materia de infraestructura”.
Estamos —teóricamente— en los tiempos finales de los monopolios televisivos, telefónicos, radiofónicos… La nueva ley en la materia en México abre el camino de la competencia. Internet es una daga en el corazón de la comunicación mediada por instituciones sociales agarradas al poder. ¿Qué saldrá de todo esto? ¿Serán las dos nuevas cadenas nacionales de TV un revulsivo para mejorar la calidad de los contenidos? ¿Crecerán los enanos en el nuevo circo que se avecina?
Publicado en Revista Siempre!
