Varios cientos de miles de migrantes cruzan cada año el territorio mexicano para entrar a Estados Unidos. Muchos de ellos son de Centro América, la mayoría. Pero otros son de lugares tan remotos como Australia, Egipto o la India. Ninguno de ellos —sea de donde sea— se salva del acoso de las bandas criminales ni de las autoridades migratorias o judiciales mexicanas quienes han visto en los migrantes un botín humano fácil de explotar, de extorsionar, de utilizar. Tampoco hay demasiada prensa en torno a ellos. El padre Solalinde, “Las Patronas”, fray Raúl Vera…
No mucho más, y siempre bajo el velo de la vergüenza: lo que hacemos aquí a ellos reclamamos que no se lo hagan a los nuestros. Sin embargo, ha ocurrido un hecho judicial importantísimo para esta comunidad en tránsito hacia Estados Unidos: por primera vez, un tribunal de justicia mexicano ordenó la reparación integral del daño realizado en este caso por el Instituto Nacional de Migración (INM) a una persona migrante, quien fue recluido en una estación migratoria de manera forzada, violando sus derechos humanos.
A fines de abril y principios de mayo, se supo —no sin demasiada alharaca, claro— que la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo (TFJFA) condenó al INM a indemnizar al australiano Stephen Compton, primer migrante en demandar al INM, por haber sido privado de manera ilegal de su libertad en el centro de detención para migrantes “Las Agujas”, en la Ciudad de México. Además el TFJFA, ordenó al INM a que publique en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la sentencia en su contra, “en la cual se refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma”. En otras palabras, que sirva de jurisprudencia para que los migrantes detenidos y recluidos en estos centros de detención, puedan acogerse a la misma e interpongan una denuncia al respecto.
Según apuntó en una entrevista con el portal “Animal Político”, Mónica Oehler, abogada de la organización defensora de los derechos de los migrantes “Sin Fronteras”, el ciudadano australiano Stephen Compton, fue privado de su libertad por las autoridades migratorias sin informarle de sus derechos de manera efectiva, sin explicarle cuáles eran las disposiciones administrativas que había violado, ni permitirle aportar pruebas a su favor. Tampoco se le permitió nombrar abogados que lo auxiliaran en el procedimiento administrativo migratorio. Compton estuvo privado de su libertad por más de cuatro meses, desde el 26 de noviembre de 2009 hasta el 24 de marzo de 2010, “donde recibió actos discriminatorios por tener orientación homosexual”, a pesar de que éste se encontraba dentro de los supuestos para regularizar su situación migratoria, a través del Programa de Regularización Migratoria de 2008 por cumplir los requisitos, entre ellos tener un trabajo lícito como pintor.
Tras conocerse la decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, “Sin Fronteras” consideró el fallo de los jueces como “histórico”, y resaltó que el caso de Stephen Compton “marca un precedente” para que miles de migrantes en tránsito puedan acceder a la justicia en México. En marzo de 2010, Stephen Compton fue liberado tras haber ganado un amparo en que se reconocían las violaciones en el procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra. Luego de su salida de la Estación Migratoria, Stephen Compton dio un paso adelante en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos al convertirse en el primer migrante en demandar la reparación integral del daño al INM.
El hecho resulta insólito pues de 2008 a 2012, el 76 por ciento de las quejas que se presentaron ante el INM por presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes terminaron “archivadas” y sólo el 0.41 por ciento merecieron “una sanción administrativa”, según datos oficiales entregados por esa dependencia a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En ese periodo, el Órgano Interno de Control registró mil 203 quejas formales por abusos en contra de migrantes cometidos por algún funcionario del INM, de las cuáles, sólo 63 pasaron al Área de Responsabilidades y finalmente, sólo cinco terminaron en una sanción. Según la ASF, que la mayoría de las quejas se archiven pese a que éstas registren un crecimiento promedio anual de 7 por ciento desde 2008 pone “en riesgo el cumplimiento del principio del respeto irrestricto de los derechos humanos”.
Con el veredicto a favor de Stephen Compton, el horizonte de los migrantes en tránsito o en busca de residencia en México, se aclara aunque sea un poco. Ya hay una resolución inatacable que puede restituir el respeto a sus derechos humanos y en caso de reclusión arbitraria, una indemnización por parte del Estado mexicano. Lo que resta es difundir este tipo de informaciones y ajustarnos a las normas internacionales que exigimos se respeten con los nuestros en Estados Unidos.
Publicado en Revista Siempre!
