México acumula cinco años consecutivos catalogado como “país no libre” en materia de libertad de prensa. La ONG internacional Freedom House así lo ha dicho en su informe sobre 2015 recientemente presentado en nuestro país.
Por si esto fuera poco, también ha sido señalado por el mismo organismo como “uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.
El motivo es harto conocido, pero no por ello menos alarmante: la incapacidad del Estado —en ocasiones su abulia cuando no complicidad de gobiernos locales con caciques o capos— por cuidar a los periodistas, sobre todo aquellos que cumplen su función en medio de condiciones de violencia.
Y ésta toca, además de los cuatro periodistas asesinados el año pasado, los despidos de Carmen Aristegui y de su equipo —por lo de la Casa Blanca— así como los ataques a sitios web de medios en línea y las campañas de desprestigio contra periodistas en las redes sociales.
También reporta —entre otros casos de hostigamiento— la fuerte campaña en contra de defensores de derechos humanos y los ataques mediáticos a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por sus conclusiones sobre los normalistas de Ayotzinapa.
La organización, cuya sede se encuentra en Washington, resaltó que a lo largo del 2015, reporteros que dan cobertura a asuntos políticos, tráfico de drogas y corrupción gubernamental “enfrentaron riesgos a su integridad física cada vez más altos”.
Para Freedom House la mera existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no es relevante, pues se ha mostrado incapaz para atraer casos de agresiones ocurridas en los estados, a pesar de contar con los instrumentos jurídicos para ello.
En México “los medios de comunicación y sus empleados se enfrentan a una variedad de actores interesados en manipular u obstruir los contenidos informativos, incluidos los propietarios con agendas políticas o de negocios, los principales anunciantes en busca de una cobertura positiva o neutra, funcionarios del gobierno y las organizaciones criminales”.
Todo esto lleva a “una combinación de violencia criminal y política, que refleja con frecuencia la colusión entre las organizaciones criminales y funcionarios del Estado”, colusión que ha prevalecido en la última década en el país, y los últimos cinco años, que son de horror.
Lo dicho: si no se cuida la libertad de expresión como lo que es, un pilar absoluto de la democracia, ésta sufre un descalabro esencial. Y retrasa la justicia en todos los órdenes.
Publicado en Revista Siempre!
