¿Tiene derecho a réplica un espectador de un programa de televisión que se siente ofendido en su dignidad por algún mensaje denigrante, excluyente, intimidatorio, mentiroso, racista, sexista, etcétera? “Por supuesto que la tiene”, dirían los concesionarios, los publicistas, los locutores: “que le cambie de canal…”. Es la respuesta típica de un sector privilegiado de la industria a quien el gobierno —sea rojo, verde o amarillo— no toca ni con el pétalo discreto y relajado de una reforma.
El conocido movimiento de estudiantes #YoSoy132, acaba de presentar una propuesta para que se enmiende la Constitución y permita lo que ha sido una vieja demanda académica en México: que los medios se democraticen, que se vuelvan parte de la agenda ciudadana y no que sean los que pauten la agenda ciudadana. Que permitan a los usuarios hacer sentir su parecer, su cultura, sus necesidades de comunicación sobre el contenido y no que los tengan —como hasta hoy— como botes de basura sin tapa, tragando todo lo que los “creativos” quieren que se traguen. Basura, en la mayor parte de los casos.
Propone #YoSoy132 un nuevo régimen de concesiones, que ya no sean dádiva presidencial u oportunidad política, sino pertinencia comunicativa. Un régimen administrado por un organismo autónomo cuya idea principal sea velar más que por la utilidad financiera de las empresas, por la defensa de los derechos de los usuarios. Un organismo que, también, meta mano en la fiscalización del gasto gubernamental en comunicación y vigile que los medios “respeten el derecho a la información, el derecho de réplica y (…) promuevan los derechos humanos y los valores de la democracia”.
Todo esto trae consigo la necesidad de que exista en nuestro país lo que es una práctica bastante usual en las democracias occidentales: un “ombudsman de medios”. Un defensor —informado, capaz y autónomo— del derecho que nos asiste de que los medios tengan un beneficio social. Un organismo que —en la parte no técnica— sustituya a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy encargada de estos menesteres. Los estudiantes señalan, con mucha razón, que en México las concesiones son discrecionales.
Se le dan al que mejor propuesta política o económica presente para los intereses del gobierno y no el que tenga una mayor hondura en su plataforma social, de contenidos, de vinculación o de cultura. Por ello, en televisión, el duopolio Televisa-Tv Azteca, señalan, acapara ya 95 por ciento de las concesiones.
Lo mismo sucede en la radio, con un poco más de familias. Más adelante, plantean un nuevo esquema de medios de comunicación social-comunitario para organizaciones sociales y pueblos indígenas y así permitir que existan medios no lucrativos. Son propuestas del que se define como “el primer movimiento social juvenil que denunció los abusos de los poderes fácticos de la comunicación”, cuyo objetivo es defender los “derechos a la comunicación y de las audiencias, así como la vigilancia y fiscalización de los recursos asignados para comunicación social a las autoridades públicas”.
Y qué bueno que se pongan sobre la mesa. Aunque ya hace tiempo que Internet se viene encargando de demoler ese mismo modelo de comunicación comercial, restringida, utilitarista que los jóvenes denuncian, lo cierto es que no se puede seguir viviendo en medio de tanta impunidad.
Publicado en Revista Siempre!
