El último informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tocó una serie de temas esenciales para el futuro de la participación de voces numerosas en la conformación de la opinión pública de nuestro continente desde el espectro radioeléctrico.
El Informe pone como prioridad para gobierno y sociedad, considerar la concentración del mercado como criterio para la asignación de espectro, la participación de todos los sectores en el diseño de la política pública de radiodifusión, así como el respeto a la libertad de expresión en el proceso de transición a la televisión digital.
Esta es la única vía, dice la CIDH en su Relatoría Especial de Libertad de Expresión para alcanzar una meta que parecería vedad a nuestros pueblos de América Latina y El Caribe: la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión.
Es conocida la gravísima concentración (y el contubernio con los gobiernos locales) del espectro radioeléctrico en muchos países de nuestro continente, comenzando, obviamente, por México. La recomendación de la CIDH es clara: “Asegurar la existencia de criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital”.
Este importante paso —que posibilitaría la existencia de radios comunitarias, populares y de organizaciones sociales, así como radios culturales— debe “adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o privados y la concentración indebida o excesiva de los medios de comunicación”.
El documento también alude a la importancia —en México se han dado algunos pasos al respecto— de que sean los organismos independientes del poder político y económico los encargados de asignar el espectro radioeléctrico.
A su vez, la Relatoría enfatiza en la legislación sobre el sector comunitario “de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios”.
El informe no sólo apunta a la asignación equitativa del espectro sino también a la importancia de “promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas”.
En este sentido, la Relatoría se refiere al proceso de transición hacia la televisión digital terrestre como una “oportunidad para limitar la concentración de medios y promover una mayor diversidad y pluralismo en la radiodifusión”.
De llevarse a cabo esta buena revolución, la que saldría favorecida sería la sociedad en su conjunto. Y desfavorecidos los mandones de siempre. Todavía estamos lejos. Pero ya no tanto.
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