Desde hace años nuestra subcultura de la corrupción ha ido creciendo hasta hacerse una práctica en los ciudadanos, sobre todo con respecto a sus autoridades. El soborno, la mordida, el embute son como lacras pegadas a la piel de nuestra vida cotidiana.
En lo que se refiere a la percepción sobre la corrupción, México ocupa el lugar 106 sobre 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, creado por Transparencia Internacional. Pero los mexicanos no somos menos drásticos cuando se nos pregunta sobre su percepción de la corrupción entre las instituciones del país: 8 de cada 10 percibe a la policía como el sector social más corrupto, seguido de los partidos políticos, con el mismo número, y los ministerios públicos, con 7 de cada 10 encuestados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La reciente difusión de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ECIG) deja muchas cosas en claro en lo que respecta a los niveles de corrupción que se han alcanzado en el país. Por ejemplo, que 12.1 por ciento de la población mexicana ha tenido una experiencia de corrupción cuando realizaba algún trámite oficial o gestionaba un servicio público.
La familia, con 17.5 por ciento, los vecinos, con 19.6 por ciento, y los compañeros de trabajo con 26.5 por ciento, son las instituciones sociales mexicanas que vemos con menor influencia de la corrupción, lo cual significa que los mexicanos seguimos creyendo en la bondad de las instituciones primarias.
La encuesta arrojó otros datos muy importantes para evaluar tanto la gestión gubernamental como las políticas de choque que tendrían que implementarse toda vez que la corrupción se ubica en el tercer lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos, con 48.5 por ciento, sólo detrás de la inseguridad y delincuencia que alcanzó 70.4 por ciento y el desempleo que registró 51 por ciento.
Sin embargo la ECIG no pretendió medir la corrupción en todo el país sino aquella que enfrentan los ciudadanos mexicanos cada vez que van a una ventanilla de gobierno a hacer un trámite, solicitar un permiso o pagar alguna contribución. La tasa de población que cree o ha escuchado que existe corrupción en los trámites, solicitudes de servicio o en los servicios que realizó durante 2013 es de 47 mil 604 por cada 100 mil habitantes, es decir, 47 por ciento “que cree o ha escuchado que existe corrupción en ese conjunto de trámites”.
Una tasa lo suficientemente alta como para encender los timbres de alarma, pero no así en México, donde parece ser que se ha institucionalizado. Por otro lado, la tasa de población a quien “algún conocido le refirió que había corrupción en los trámites y servicios que realizó durante 2013” es de 31 mil 990 por cada 100 mil habitantes, es decir, 31 por ciento de la población.
En el estudio general sobre percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México se ubicó el año pasado en la última posición de la tabla entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), por debajo de países como Italia y Grecia. En este tema, México obtuvo en 2013 la misma puntuación que en 2012. Por lo demás, la diferencia entre el país mejor ubicado en América Latina (Uruguay, en la posición 19) y México, es de 87 posiciones.
Nada de que enorgullecernos. Y una enorme campaña que tendría que emprenderse desde los tres niveles de gobierno y los medios de comunicación para erradicar esa práctica que cuesta millones de dólares al año al bolsillo del ciudadano común. Quizá jamás se emprenda, porque gobierno y medios son los que mayormente la prohíjan.
Publicado en Revista Siempre!
