Para los mexicanos, todas las explicaciones que den las autoridades sobre el caso de los normalistas asesinados en Iguala van a ser nulas. La razón es muy sencilla: desde 2006 las “desapariciones forzadas” no existen en el país. Por lo que se quiera: la guerra de Calderón en contra del narco que sacó a los militares de sus cuarteles y los puso en la calle; la estrategia de atacar por células al crimen organizado de Peña Nieto; la evidente infiltración del narco en la política y en las policías locales… Lo cierto es que el nivel de impunidad con que se manejan los cuerpos del orden en el territorio nacional hace que toda explicación, incluso de buena voluntad, sea una piedra que se lanza al abismo.
Es un asunto, evidentemente, de comunicación pública. Tanto se ha insistido en que los muertos de 2006 a la fecha son por “ajuste de cuentas” que ya no hay otro espacio para la recuperación de la verdad: que son muertos producto de una guerra entre mexicanos por el control de la droga, la trata de personas, el tráfico de armas y de estupefacientes, así como el aseguramiento del mangoneo de los candidatos a puestos de elección popular, para que dejen libre la plaza. Se calcula en 22 mil personas desaparecidas desde que inició la guerra calderonista. Y a los 43 de Ayotzinapa se le suman otros varios miles que irán apareciendo en fosas clandestinas, como las que sembraron “Los Rojos” y los “Guerreros Unidos” en las inmediaciones de Iguala.
El país se ha convertido en un enorme cementerio clandestino. No existe credibilidad en las explicaciones porque no existe ninguna razón de las acciones que se llevan a cabo para matar a tanta gente, sea o no “inocente”. En esta maraña de intereses mezquinos, el único que sale ganando es el mal. Un mal que se extiende, como mancha de aceite, en el cuerpo dolorido de la Patria. ¡¿Qué hacer?! Tenemos una oportunidad en las elecciones próximas. Comencemos por tomarlas en serio. No puede haber más “Abarcas” gobernando mi ciudad.
Publicado en Revista Siempre!
