La Cámara de Senadores en México aprobó en lo general y en lo particular, la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante de los últimos 25 años. La reforma, como decía el reciente comunicado de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, abre el paso al goce de una verdadera libertad religiosa en México.
Atento a este hecho histórico Zenit-El Observador le ha venido dando seguimiento, consultando a los analistas más importantes del país, recogiendo sus opiniones, toda vez que el silencio de los medios de comunicación mexicanos ha sido patente, quizá porque la reforma, como decía el reciente comunicado de prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, abre el paso al goce de una verdadera libertad religiosa en México.
Toca el turno al filósofo Rodrigo Guerra López, doctor por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein, y director general del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV, www.cisav.org).
Guerra López es, también, miembro de la Academia Pontificia por la Vida y autor de varios libros entre los que destaca “Afirmar a la persona por sí misma. La dignidad como fundamento de los derechos de la persona” (CNDH, México 2003).
¿Qué valoración se puede ofrecer de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos en México?
–Rodrigo Guerra: La reforma no es perfecta y aún no culmina su itinerario legislativo. Falta que los estados de la República la ratifiquen para que pueda ser promulgada. La propuesta posee luces y sombras, y por lo tanto exige de nuestra parte una valoración analítica y diferenciada.
Con este antecedente, la ponderación que hacemos en CISAV es fundamentalmente positiva: quienes hemos estado de uno u otro modo involucrados en el trabajo a favor de los derechos humanos, sabemos qué difícil es esa labor cuando prevalece una concepción puramente “garantista”, y no existe un reconocimiento real de los derechos humanos como inherentes a la persona humana y su dignidad. Sin embargo, no debemos ser ingenuos e ignorar que existen algunas deficiencias más o menos evidentes.
¿No es un riesgo enorme para el matrimonio, la familia y la educación el que se hable en el nuevo artículo primero de no discriminar a las personas por sus “preferencias sexuales”?
–Rodrigo Guerra: Todo ser humano merece ser respetado a causa de su dignidad personal. En una comprensión iuspersonalista del Derecho este es el motivo principal para la no-discriminación. La preferencia sexual es un tipo de atracción de origen semideliberado orientado hacia personas que fungen como objeto de actual o potencial satisfacción sexual.
Si toda preferencia sexual fuera justa per se sería correcto el afirmar que nadie debe ser discriminado por esta causa. Sin embargo, es un hecho que existen algunas preferencias sexuales que no están orientadas de modo justo, es decir, conforme a la dignidad de la persona. Un ejemplo extremo puede ayudar a entender esto: la pedofilia es definida por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación internacional de enfermedades ICD-10, versión 2007, sección F65.4 como “preferencia sexual por niños, muchachos o muchachas o ambos, usualmente de edad prepuberal o puberal temprana”. Sería un absurdo que un pederasta argumentara que no debe ser discriminado en su preferencia sexual pedófila al momento en que se le juzga por una conducta criminal en este terreno.
Esto muestra con claridad que la preferencia sexual exige un referente antropológico-normativo que la trascienda y que permita discernir cuando existe una patología, una conducta injusta o eventualmente una conducta criminal que merezca ser perseguida sin excepción.
Desde este punto de vista, la reforma constitucional mexicana, es –al menos– imprecisa en este tema particular y puede presentar riesgos. La expresión “preferencias sexuales” deberá asociarse e interpretarse junto a otros elementos complementarios. Por ejemplo, al artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La reforma propone reconocer los derechos humanos que se encuentren en los tratados internacionales de los que México forme parte. ¿No daña esto la soberanía del Estado mexicano?
–Rodrigo Guerra: La noción de “soberanía” se ha delimitado principalmente gracias a ideas provenientes de la modernidad ilustrada. Existen muchas definiciones de ella pero todas más o menos coinciden en reconocer que la soberanía es una facultad por la que un pueblo y/o un Estado se autogobiernan y autoregulan de manera más o menos absoluta.
Justamente esta concepción hace que el Estado no tolere un “derecho de gentes”, es decir, una norma superior que la que el propio Estado se da a sí mismo. En un palabra, esta es la cuestión nuclear en la configuración de un Estado autoritario de inspiración iuspositivista. La maduración que ha logrado el pensamiento social cristiano permite entender que la legítima soberanía política de un Estado no debe jamás eclipsar ni tener la primacía sobre la también legítima soberanía cultural de la nación y la soberanía ontológica de la persona y la familia.
Por ello, es preciso que en la Constitución mexicana, se reconozca siempre un referente meta-constitucional que oriente hacia el valor de los derechos y dignidad inherentes de las personas. Los tratados internacionales firmados y ratificados por México en materia de derechos humanos –en la medida en que encarnen esta perspectiva– deberán ser bienvenidos.
Este es el comienzo de una nueva manera de entender la soberanía en México. Una soberanía que rompe la autoreferencialidad del poder y se abre a un horizonte mayor. Será labor de todos – a nivel internacional – velar porque este referente no disuelva su carácter personalista. El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es por esto tan bello e importante.
¿Esta reforma permitirá que en México se reconozca el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la vida desde la concepción?
–Rodrigo Guerra: El Pacto de San José reconoce el derecho a la vida desde la concepción (Artículo 4). Conviene siempre recordar que es contrafáctico no reconocer al embrión humano desde su estado de cigoto como un organismo individual de especie humana, y por ende, como auténtico sujeto de derechos. Así mismo, el derecho humano a la libertad religiosa ha sido reconocido en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 18); el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 18); el Pacto de San José (Artículo 12); y la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones (Artículo 1). De este modo, nuestros legisladores mexicanos, tienen la inmensa oportunidad de internalizar –con coherencia y rigor– el reconocimiento de este derecho humano y terminar por fin con una concepción ideológica, contraria a la justicia, que limita la libertad religiosa al fuero interno.
¿El liberalismo mexicano sigue pesando en la cultura de la clase política en estos asuntos?
–Rodrigo Guerra: La pregunta que me hace es muy aguda. En efecto, el liberalismo mexicano pareciera seguir vigente a nivel de la cultura de las élites de poder y de algunos sectores sociales. Muchos de sus promotores actúan como si las premisas filosóficas sobre las que fue construido estuvieran vigentes, como si la modernidad ilustrada no hubiera entrado en crisis en la nación mexicana. Y esto es falso.
Como en el resto del mundo, la razón en México busca nuevos parámetros para definirse y ampliarse. Por eso es tan importante que en nuestra nación exista en materia de libertad religiosa la mayor libertad posible y la mínima coacción necesaria. De este modo podremos superar el viejo “liberalismo” que, paradójicamente, ha luchado por la disminución de la libertad religiosa, para dar paso a un liberalismo más integral, basado en el reconocimiento de la verdad: todo ser humano posee la misma dignidad, merece el mismo respeto y debe poder ejercer su libertad en lo privado y en lo público con el único límite que marcan las exigencias de su propia dignidad y la dignidad de los demás.
¿Cuál es el papel que los católicos deben asumir en este y en otros debates públicos sobre los derechos humanos?
–Rodrigo Guerra: Los católicos tenemos que recuperar la conciencia de que debemos ser también buena noticia en materia de derechos humanos. Los derechos humanos son una dimensión constitutiva del Evangelio, no son una cuestión secundaria o accidental. Si Cristo revela al hombre lo que el hombre es, esto tiene como factor implícito el anunciar con vigor las exigencias de justicia que brotan de nuestra humanidad.
Pienso de inmediato en el inmenso legado que nos ha dejado Juan Pablo II a este respecto. Recuerdo también la vanguardia intelectual católica del siglo veinte que, con gran sensibilidad a las exigencias de la sociedad plural y democrática, sabe revisar a fondo la modernidad y sus productos sin caer en radicalismos o moralismos de uno o de otro signo: ahí están las obras de Jacques Maritain, Eric Voegelin, Joseph Ratzinger, Ernst Wolfgang Böckenförde, Augusto del Noce, Vittorio Possenti, Rocco Buttiglione y tantos otros.
Pienso, finalmente, en los cristianos que valientemente han defendido la dignidad humana en numerosos escenarios de América Latina y constituyen hoy “como un gran movimiento” que pone límites a la injusticia, al despotismo y a la falta de libertades auténticas. La figura de monseñor Óscar Arnulfo Romero brilla claramente en este ámbito. Así mismo, la palabra profética de los obispos latinoamericanos en Aparecida o la Conferencia del Episcopado Mexicano en sus documentos de los años 2000 y 2010, y en sus recientes posicionamientos. Los católicos tenemos que aprender de todos ellos a ser presencia pública, valiente e inteligente.
–¿Qué debemos hacer para recuperar el terreno de los cristianos en la vida pública de América, continente que concentra la mitad de los católicos que hay en el mundo?
–Rodrigo Guerra. Si la experiencia cristiana se torna presencia pública, entonces, además, no sólo aparece un nuevo actor en el debate, sino que colaboramos a ofrecer razones de nuestra Esperanza a un mundo que en ocasiones se siente tentado a pensar que el mal puede definir la vida de las personas y de los pueblos. Dicho de otro modo, nuestra identidad creyente puede ser verdadero aporte al desarrollo de nuestra nación si la acompañamos de apertura dialogal, actitud misional e incidencia social y cultural. Así se hizo en el pasado y así se puede volver a hacer en el presente y en el futuro.
QUERÉTARO, domingo 13 de marzo de 2011 (ZENIT.org-El Observador)
