El “levantamiento” y el posterior hallazgo del cadáver del periodista sinaloense José Luis Romero, secuestrado el 30 de diciembre de 2009 y encontrado sin vida el pasado 16 de enero (dentro de una bolsa de plástico, cerca del Ejido 5 de Mayo, en Sinaloa), se agrega a la gran cantidad de asesinatos contra comunicadores que se están cometiendo en el país y ante los que se hace urgente tomar una determinación drástica.
No se puede seguir sosteniendo esta situación de descontrol y agresión que, día con día, afecta a quienes trabajan en radiodifusoras, periódicos, revistas, televisoras a lo largo del país, más concretamente, en los estados del norte. En fecha reciente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunoni, propuso un modelo de protección para periodistas y activistas sociales muy digno de ser considerado por las autoridades federales y estatales: el modelo colombiano.
Éste consiste en establecer medidas extraordinarias para que los periodistas, o los activistas por los derechos humanos como Josefina Reyes, asesinada el 3 de enero de este año en Ciudad Juárez (la ciudad más violenta del mundo), puedan cumplir con su labor en condiciones de excepción, sobre todo aquellos que se dedican a informar sobre el trasiego de droga, crimen organizado o a denunciar la extorsión y el secuestro.
Se construye un comité intersectorial encargado de vigilar y dotar de protección a aquellos comunicadores y activistas en zona de peligro, denunciar amenazas, presionar ante las autoridades para que se cumplan las órdenes de aprehensión, proteger el entorno de los profesionales de la comunicación y se detectan los posibles entornos de riesgo, avisando a los implicados de lo que puede suceder en ellos. Además, se protege el sigilo de las fuentes de información y se denuncia, constantemente, en los foros internacionales, lo que está sucediendo en el país, para que se pueda trabajar en acciones de inteligencia para salvaguardar una de las más importantes armas en contra del crimen y de la desesperanza: la libertad de expresión.
Ya ha habido intentos en México, pero no han cuajado. No se puede esperar más. La experiencia de Colombia, si no es un éxito rotundo, ha significado que muchos periodistas y animadores de movimientos sociales se hayan acogido al Comité de defensa generado para ellos y hayan podido ejercer su trabajo sin perder la vida. El 11 y 12 de febrero habrá un seminario en México con expertos del gobierno colombiano, sociedad civil y la comunidad de comunicadores. El gobierno mexicano tiene que hacer algo mucho más profundo que perorar sobre “la defensa de la libertad de expresión”. Tiene que adoptar medidas de excepción. La sangre de Josefina Reyes y de José Luis Romero —los primeros de este año— no debe quedar en el olvido, como ha quedado la de tantas otras y otros.
Publicado en revista Siempre!
